miércoles, 19 de noviembre de 2008

Educación. Opinión de Adriana Puiggros

Lamentables coincidencias



Por Adriana Puiggrós *

( Material de opinión de la autora y para debatir...)

Resulta lamentable comprobar que la adhesión a la democracia que parecía haber hecho carne en algunos sectores de la Iglesia sea abandonada ni más ni menos que en una de sus más preciadas actividades cual es la educación. La excelente nota de Nora Veiras “Un cruzado de Ratzinger” (en PáginaI12 del domingo) saca finalmente a la luz que la corriente de pensamiento más reaccionaria que existe en el país actúa en diversos niveles del sistema educativo nacional y vincula intereses económicos con convicciones profundas y posiciones de poder.

El nombramiento del arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, como presidente de la Comisión de Educación del Episcopado, es una acción que se aleja dramáticamente del “Diálogo Social” que encabezó la Iglesia el 14 de enero de 2002, bajo la influencia de prelados como monseñor Estanislao Karlic que sostuvo ese mismo día desde la Iglesia de Santa Catalina de Siena que “dialogar no es claudicar”.

En cambio, el flamante ministro de Educación de la Iglesia Católica integra las huestes de Esteban Caselli, conductor político en la Argentina de la línea ultraconservadora dominante en el Vaticano, y ex embajador de Menem en la capital del catolicismo. El nombramiento de Aguer se vincula con el lanzamiento de la estrategia para la represión del delito por parte del gobierno bonaerense, diseñada por su ministro de Justicia, Ricardo Blas Casal. Coherente con su carrera de funcionario del sistema penitenciario, Casal ha declarado que la Argentina necesita un régimen como el de Inglaterra, donde la imputabilidad termina a los 7 años. “No hay lugares de contención que alcancen pero se están construyendo. Por ejemplo, en el sistema penitenciario estamos construyendo veinte pabellones de máxima seguridad”, declaró (Radio Uno y noticias MDQ, 24 de octubre 2008). El ministro no proyecta reformar el sistema de protección de acuerdo con la Ley Nacional 26.061 “De protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes” y las leyes provinciales 13.298 “De la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños” y sus complementarias 13.634 y 13.645, ni de la Convención de los Derechos del Niño que en el país cobró jerarquía constitucional con su incorporación en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, ni del Sistema de Promoción y Protección de los Derechos del Niño cuyo órgano de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Humano, ni el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (Ley Provincial 13.634/07). Desconoce que en octubre de 2005 el Estado argentino firmó la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes que abarca a las personas entre 15 y 24 años, reconociendo a “los jóvenes como sujetos de derechos, actores estratégicos del desarrollo y personas capaces de ejercer responsablemente los derechos y libertades” (CDJ, 2005).

Esa legislación hace hincapié en la producción de condiciones adecuadas para la educación, la salud, la recreación, la vida familiar y social de los niños y los adolescentes, no así en encerrarlos en pabellones de máxima peligrosidad desde los siete años..

Leer mas en Página 12 del Martes, 18 de Noviembre de 2008


* Diputada nacional, FpV, provincia de Buenos Aires. Presidenta de la Comisión de Educación de la HCDN.

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